Se cumplen 39 años de esta decisión donde la Corte Suprema absolvió al imputado por entender que lo producido en un allanamiento ilegalmente realizado no podía ser utilizado como prueba válida en un juicio.
Entendió que no corresponde responsabilizar por daños al honor sin prueba de falsedad en la información difundida, pero confirmó la responsabilidad por la vulneración de los derechos a la intimidad, a la imagen y a la inviolabilidad del domicilio de los actores.